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Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas de Personas.

Este 30 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del Día internacional de las víctimas por desapariciones forzadas de personas.

La desaparición forzada de personas fue clave en el desarrollo del plan sistemático de represión ilegal llevado adelante por las dictaduras cívico- militares en la mayoría de los países de nuestra región. Nuestra historia reciente nos demuestra que esta metodología llevada adelante bajo regímenes de facto también  ocurre en democracia, bajo otras formas y metodología.

El derecho internacional califica a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas reconoce el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y afirma “el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin” .

Ya en su Resolución 65/209 del 21 de Diciembre del 2010, que establece Día internacional de las víctimas por desapariciones forzadas de personas, la ONU se planteaba profundamente preocupada en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Hoy, siete años después, esa situación no se ha revertido y en algunos países de la región ha empeorado. El caso más reciente es la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, la última vez que se lo vio con vida fue en una represión al pueblo mapuche por parte de la Gendarmeria Nacional, hasta el momento no se sabe de él y el Estado nacional niega su desaparición.

Es por ello que como Presidencia de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia afirmamos que son los Estados quienes deben garantizar la no impunidad de estos delitos que afectan a toda la sociedad en su conjunto y con ello el cumplimento efectivo de los derechos humanos en el largo camino hacia una democracia plena donde la justicia y la igualdad sean realidad y no utopías.